El caso contra las “técnicas mejoradas de interrogación”

Publicado originalmente en INFOBAE el 16/12/14.

khalidsheikhmohammed
La foto más reciente de Khalid Sheikh Mohammed, fotografiado en julio de 2009 por delegados de la Cruz Roja de visita en Guantanamo. De acuerdo a Estados Unidos, Mohammed es “el principal arquitecto de los ataques del 9/11”. La infografía de la derecha (en inglés) explica cómo se realiza el llamado “submarino” a los prisioneros. Se dice que Mohammed fue expuesto a esta tortura por lo menos 183 veces.

La semana pasada se dio a conocer el informe del Senado estadounidense sobre el programa de detención e interrogación llevado a cabo por la CIA, en “la guerra contra el terror”, durante la administración de George W. Bush. Alabado por la bancada mayoritaria demócrata, y duramente criticado por la bancada republicana, la confección del informe llevó cinco años, consumió $40 millones de dólares, y arrojó 6.000 páginas – que aún no han sido desclasificadas en su totalidad.

Por descontado, enhanced interrogation techniques – “técnicas mejoras de interrogación” – es un eufemismo elegante para decir tortura. ¿Pero es legal la tortura llevada a cabo por una democracia en momentos de riesgo críticos? El debate no es nuevo, y en este aspecto, el informe del Senado llega como una crónica ya anunciada. Nadie ha quedado sorprendido por las anécdotas ahora desglosadas, que narran la tortura llevada a cabo en los centros de detención estadounidenses. La pregunta fundamental pues, es sí es posible tolerar cosas como “el submarino” (waterboarding), la privación forzada de sueño, fuertes golpizas, o la simulación de una ejecución súbita, todo en pos de extraer información crucial para la seguridad nacional.

Si de pros se trata, si usted está familiarizado con series de TV como 24 o Homeland, entonces puede percibir el argumento republicano de inmediato. En ellas, ocasionalmente los protagonistas torturan a los cómplices de los terroristas (o a los terroristas mismos) de forma extrajudicial, y lo hacen por su cuenta, estando plenamente conscientes de la ilegitimidad de sus actos. De acuerdo con la trama, de no tomar la difícil decisión de actuar al margen de la ley, sea por lo burocrático del sistema, o la necesidad urgente de dar con una bomba a punto de estallar, al final de cuentas la vida de millones de personas estará en riesgo. En otras palabras, aquí se está hablando de perdonar una trasgresión, en función de cuidar el bien común de toda una sociedad: torturar permitiría obtener información crucial rápidamente. Así lo ven muchas personas, quienes sostienen además que dar a conocer los secretos de la CIA perjudica la relación con los aliados de Estados Unidos, a la par que expone a ataques al personal norteamericano apostado en el extranjero. Según el SITE Inteligence Group, la divulgación del informe ha provocado una fuerte movida en la comunidad islamista, por lo menos en las redes sociales, y el Departamento de Estado ya ha emitido alertas a las embajadas norteamericanas en lugares como Afganistán, Pakistán y Tailandia. El temor es que se produzca otra incursión como la que ocurrió con el consulado en Bengasi dos años atrás, causando la muerte de cuatro diplomáticos, incluyendo la del embajador en Libia.

Es inútil ponerse a debatir si, con independencia de las circunstancias, la tortura podría llegar a ser legal. En lo general, las normas escritas difícilmente pueden prever todo el espectro de situaciones críticas que se pueden dar en el dinámico mundo de hoy. No hay, por ejemplo, fuentes consuetudinarias contra fenómenos recientes como el ciberterrorismo, y de hecho no hay consenso internacional en lo que respecta a la condena del terrorismo – debido a que siendo un asunto polémico como sensible, prueba ser muy difícil dictaminar quién es terrorista y quién no. La controvertida Ley Patriota (USA Patriot Act) sancionada en octubre de 2001 fue la medida que impulsó la administración Bush para intentar llenar este vacío, pero a costa de darle luz verde a los servicios de inteligencia para interceptar las comunicaciones privadas de los ciudadanos, o incluso para secuestrarlos a discreción, de creerse que presentaran una amenaza. Por ello, volviendo al tema de la tortura, no es casual que los prisioneros de Al-Qaeda no hayan sido transferidos a suelo estadounidense propiamente dicho. Como la tortura es ilegal, para dar amparo legal a las acciones de la CIA, la administración Bush se valió de la opinión legal de algunos juristas, quienes convenientemente presentaron el caso de que la tortura sería permisible siempre y cuando fuera consumada en el extranjero. En concordancia, como el “submarino” no está explicitado como tortura, varios funcionarios públicos justificaron su empleo durante la década pasada, incluyendo a Mitt Rommey, candidato a presidente durante las últimas elecciones.

Bien, ¿funcionó la tortura? Están quienes desde ya dicen que sí, y que gracias a esta se pudo encontrar y matar a Osama bin Laden, y quienes dicen que no. Si la vida fuera una serie de televisión, deberíamos esperar al último capítulo para esclarecer lo sucedido, pero en concreto lo cierto es que el informe del senado no inclina la balanza en favor de la CIA, y deja a Estados Unidos en una posición de desprestigio importante.

Algunas voces, incluidas aquellas de políticos y de algunos exinterrogadores, sostienen que la tortura no solo no funcionó, sino que llegó hasta demorar el proceso de extracción de información. En este sentido, aunque parece una obviedad, vale la pena recalcar que las personas pueden llegar a decir cualquier cosa – lo que el torturador quiere – total de poner fin al agonizante castigo. De acuerdo con Ali H. Soufan, exagente del FBI involucrado con la investigación de los eventos que llevaron al 9/11, la tortura resulta de lo más contraproducente. Su oposición no se basa en razones morales, sino en razones prácticas, porque al fin de cuentas es ineficaz, y añade más atracción al discurso de los terroristas que buscan reclutar miembros para vengarse de los norteamericanos.

Existe de hecho evidencia que muestra que la tortura, que en definitiva funciona como una terrible humillación, puede radicalizar profundamente al prisionero. En su bestseller, Lawrence Wright demuestra como la tortura cometida por los militares egipcios actuó de catalizador para convertir a islamistas, algunos más moderados que otros, en fervientes radicales que pasaron a integrarse a Al-Qaeda luego de su liberación. El más notorio entre estos quizás es Ayman al-Zawahiri, mano derecha de bin Laden, quien “entró a prisión hecho un médico, y salió hecho un carnicero”. Varios estudios realizados por expertos han confirmado que la humillación, producto de los fuertes abusos físicos, contribuye a la radicalización del sujeto torturado; aumentado su odio y resentimiento hacia todo lo que puede intuir como próximo a su torturador.

Desde lo personal, lejos de sensibilizarme con el dolor de los miembros de Al-Qaeda confinados y torturados en bases estadounidenses, comparto la opinión de que la tortura es contraproducente y representa una flagrante violación a los principios que rigen a una democracia. El hecho de que una democracia cruce tal línea roja en materia de derechos humanos, emprendiendo en un campo de expertiese dominado por los regímenes autoritarios, es un preocupante precedente – el cual seguramente dará sustento a denuncias que acusarán la existencia de dobles raseros por parte de Estados Unidos y sus aliados. Sintetizado en una oración, esto significa que los norteamericanos estarán complicados a la hora de denunciar los abusos cometidos por Gobiernos como dictaduras totalitarias, dondequiera que se encuentren. Dicha realidad no hace más que entorpecer la causa de la democracia y la libertad.

Por tanto creo que la publicación del informe es un resultado positivo, esencialmente debido a que recuerda que Estados Unidos, a pesar de sus flagelos y desafíos por delante, sigue siendo una de las democracias más funcionales del mundo. El hecho de que diez años después – desde el punto álgido en la guerra contra el terror – el Senado estadounidense confirme oficialmente los ilícitos de los servicios de inteligencia, es algo que muestra que Estados Unidos es un país de derecho que asume sus errores y responsabilidades.

También destaco como positivo que el Senado no busque iniciar una cacería de brujas contra aquellos “patriotas”, aquellos agentes que trabajaban para proteger la seguridad de millones de estadounidenses – llamados así tanto por George W. Bush como por Barack Obama. Existen por supuesto razones de necesidad política para que la actual administración no busque alienar o antagonizarse de más con el personal de la CIA. Pero incluso siendo así, creo que sería un error de juicio si más adelante se intentara proseguir a miembros clave de la gestión Bush (incluido el expresidente) por su rol en dirigir o aprobar la tortura a confesos terroristas y milicianos de Al-Qaeda. Debe ser tomado en cuenta que, según lo indican las encuestas, la mayoría de los norteamericanos opina que la tortura está siempre (19%), a veces (28%), o raramente justificada (16%) cuando de lidiar con personas sospechadas de ser terroristas se trata.

Finalmente, creo que la preocupación de los republicanos, vinculada con el peligro de ataques contra intereses estadounidenses en el extranjero, es a lo sumo exagerada. Los yihadistas podrían encontrar mil y una razones para buscar perpetrar ataques contra instalaciones norteamericanas además de la provista por la divulgación del informe. Como he dicho al comienzo, el informe solo viene a confirmar la multiplicidad de reportes privados ya publicados y conocidos desde hace varios años.

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