Columna invitada.
“¿Contratarías a un pedófilo para dirigir un preescolar?”. Con esa pregunta, el alcalde de Caracas exiliado, Antonio Ledezma, resumió en unas pocas palabras las sensaciones que uno se lleva luego de participar de la Cumbre de Ginebra por los Derechos Humanos y la Democracia, organizada por UN Watch y una coalición internacional de 25 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Son sensaciones que van desde la contradicción y la incredulidad, a la ironía o la frustración.
El evento tuvo lugar, el pasado 20 de febrero, pocos días antes de que las Naciones Unidas dieran apertura a la sesión de marzo del Consejo de Derechos Humanos (CDH). La fecha fue elegida con absoluta intención. Pero el público principal al que se intentaba llegar no era solo el grupo de 700 personas sentadas en la sala principal del Centro Internacional de Convenciones de Ginebra. En realidad, el objetivo era llamar la atención de los diplomáticos y empleados de embajadas de todo el mundo con duros testimonios acerca del triste estado de los derechos humanos en muchas partes del mundo.
Muchos de los funcionarios que caminan a diario por los pasillos y salones de las Naciones Unidas en su sede en Suiza deberían estar al tanto de esta realidad. Aunque se dedican a darle forma a la agenda internacional en materia de derechos humanos, muchas de estas personas tienen oídos sordos. Peor aún, algunos son cómplices de los perpetradores.
Desde luego, ninguna situación expuesta durante la Cumbre representa algo nuevo. Los casos presentados van desde Venezuela, Vietnam, la República Democrática del Congo y hasta Rusia entre otros. Son denuncias que se presentan año a año por organizaciones de derechos humanos en todo el mundo. Entonces cabe preguntarse, ¿qué ha generado que el máximo foro internacional en materia de derechos humanos –el CDH– no se manifieste ni actúe frente a las reiteradas denuncias? ¿Cuál es el punto de tener un organismo como este que no responda cuando se le requiere?
Uno podría asumir que los intereses de los Estados (económicos, políticos o estratégicos) siempre prevalecen por sobre los valores democráticos y humanitarios, y que esto ha sido el obstáculo para debatir sobre las violaciones a los derechos humanos en determinados países. Si bien es innegable que hay otros intereses enredados en los debates sobre derechos humanos, existe un caso reciente que demuestra que estos impedimentos no son eternos.
En octubre de 2016 Rusia fracasó en su intento de ser reelecta al CDH gracias a una campaña internacional condenando su iniciativa. Está claro que un caso aislado no alcanza para eliminar por completo el argumento de que los intereses prevalecen por sobre los valores. Sin embargo, el caso del fracaso de Rusia nos lleva a otra pregunta que sí puede ser determinante: ¿Porqué Rusia estaría interesada en ser pate del CDH si su influencia internacional es suficiente para bloquear cualquier proyecto de resolución o iniciativa en su contra?
Esta última pregunta nos obliga a indagar sobre otra cuestión para poder comprender la realidad actual del organismo: ¿Quiénes forman parte hoy en día del CDH? Este lo componen 47 miembros, que según el artículo 9 de la resolución 60/251 de la Asamblea General (que dio lugar a la creación del CDH), “deberán aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos, cooperar plenamente con el Consejo”. Hoy en día, basándonos en el análisis de la estadounidense Freedom House, que se centra en promover las libertades individuales y los derechos civiles y políticos en cada país, solo 21 de los países que hoy forman parte del Consejo son considerados “libres”, mientras que 12 son “parcialmente libres” y 14 son “no libres”. Es decir, aproximadamente el 55% de los miembros del Consejo no cumpliría con los requisitos que la resolución fundamental del CDH establece.
Volviendo a las premisas, la pregunta que planteó el alcalde Ledezma sirvió de respuesta cuando alguien le preguntó si Venezuela merece estar en el Consejo. El alcalde exiliado apeló al sentido común, habiendo el sufrido en carne propia el avasallamiento de los derechos humanos y de las libertades fundamentales por parte del régimen de Nicolás Maduro. Lo importante es que la Cumbre de Ginebra llevó el mensaje de Ledezma a los diplomáticos del mundo, incluso a los representantes del Gobierno que lo arrestó y maltrató injustamente.
Este es también el caso de quienes dieron testimonio sobre las situaciones en Pakistán, República Democrática del Congo, China, Cuba y Ruanda. ¿Cuál es el punto entonces de reclamarle a un organismo en el que, quienes deberían ser denunciados, ocupan el puesto de denunciantes? ¿Cómo se llegó a que el foro encargado de señalar a los violadores de los derechos humanos y condenarlos, sea un lugar donde se sienten cómodos?
Evidentemente tiene que existir algún motivo por el cual tanto Rusia como el resto de los países mencionados anteriormente buscan reiteradamente formar parte de un foro de derechos humanos. Desde el punto de vista de un estudiante de relaciones internacionales idealista como yo, la respuesta es patente: lo que se dice y hace en el CDH importa, y no solo le importa a quienes estamos preocupados por las violaciones y los abusos. Acaso más importante todavía, les importa también a los abusadores.
Desde la Segunda Guerra Mundial han proliferado los instrumentos internacionales dedicados a promover un orden global basado en el respeto por los derechos y las libertades fundamentales e inalienables de los seres humanos. Este proceso tuvo períodos en los que se avanzó a pasos agigantados, y prueba de ello, hoy en día el concepto de derechos humanos está presente en todos los aspectos de la política internacional. Lo que se ha avanzado en la promoción y la protección de los derechos fundamentales –a setenta años de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos– es digno de reconocerse, pero las falencias y los desafíos que quedan por delante siguen siendo enormes. El acaparamiento del CDH por parte de regímenes que se dedican a violarlos es precisamente uno de ellos.
La sociedad civil y los eventos como la Cumbre de Ginebra son elementos importantes para mantener viva la campaña internacional por promover y proteger los derechos humanos. Si tomamos en cuenta el asenso de la ultraderecha nacionalista en Europa, o bien la retirada de Estados Unidos como principal promotor de la democracia a nivel internacional, esta lucha por la dignidad de las personas cobra más urgencia y relevancia. La sociedad civil debe influenciar a los Estados que parecen alejarse del orden internacional liberal y de la construcción de normas de comportamiento globales.
En el cierre del evento, Irwin Cotler, ex ministro de justicia de Canadá y miembro de la comisión investigadora de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, dio el discurso de clausura y afirmó: “esta debe ser nuestra tarea, hablar por quienes no pueden ser escuchados, ser testigos por aquellos que no pueden dar su testimonio, actuar por aquellos que ponen en riesgo, no solo su sustento, sino también su vida.”
En esa frase se resumió la lección que se desprende de un evento como la Cumbre de Ginebra. Somos responsables por redirigir el debate y hacer un llamado a la acción. La sociedad civil es la última línea de defensa de un orden internacional en que los derechos humanos no sean un mero discurso político.
