Artículo Original.
La semana pasada se dio a conocer que Arabia Saudita tomaría un rol protagónico en el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas (ONU) del cual ya es parte. Según lo estipulado, la monarquía saudita consecuentemente tendría voz y voto a la hora de escoger a un plantel de profesionales, en teoría independientes, para que estudien la situación de las garantías básicas en el mundo, incluyendo tópicos que van desde la libertad religiosa hasta la violencia de género.
Desde ya, el problema aparente con esta designación es que Arabia Saudita y derechos humanos son oxímoron. Por definición, el país fue fundado y es gobernado por un clan familiar en alianza con un establecimiento wahabita, exponente del más riguroso conservadurismo sunita. Sin ir más lejos, el hecho anecdótico que las mujeres tienen prohibido conducir en el país no es un porvenir trivial. Lo cierto es que por donde se la mire, Arabia Saudita, con sus ejecuciones y flagelaciones en público, está bastante lejos de ser un país “normal” en el sentido liberal y occidental imbuido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual supuestamente encuentra inspiración el citado CDH.
En una entrada publicada en julio ya discutía esta cuestión, al referirme al mecanismo de la ONU para asignar bancas y responsabilidades. Dejando de lado el concepto lindo mas vacío de “idoneidad”, planteaba que en rigor lo que funciona es un intercambio de favores – el quid pro quo: yo te voto si vos me votas. Por intermedio de los cables revelados por WikiLeaks, argumentaba que en los últimos años la diplomacia saudita había intercambiado u acaso comprado votos para que otros Estados avalaran al reino árabe para asumir prominencia en el CDH. Al respecto, justamente, los sauditas habrían destinado cien mil dólares a una supuesta “campaña de elección”, virtual eufemismo para decir sobornos. Por supuesto, no todos los tratos se hicieron por debajo de la mesa. En 2013 el reino se comprometió a enriquecer el desempeño del Consejo mediante el aporte de un millón de dólares. Un año después el país consiguió su banca en la entidad.
Para el observador atento, cual organismo, loable desde la abstracción por su cometido humanitario, en la práctica sirve como foro a algunas de las peores dictaduras. Dada la ausencia de un actor supranacional con la capacidad de ordenar el mundo a piacere, no existe criterio de admisión cualitativo que rija a este órgano, pues de acuerdo con el vocablo burocrático (por no decir absurdo) de sus funcionarios, tales requisitos serían axiomáticamente “discriminatorios” para aquellas naciones con apreciaciones culturales diferentes. En cambio, la composición del CDH se articula en función de dar participación a todas las regiones geográficas, implementando para ello un criterio de rotación cada tres años. En otras palabras, tal como lo expresaba en la ocasión anterior, el sistema permite que cualquier autócrata o dictador pueda ocupar una banca desde donde sermonear a otros países, y sobre todo – la experiencia demuestra – a los democráticos. En tanto un régimen dictatorial (sea teocrático, de izquierda o de derecha) consiga suficientes votos, el criterio rotativo del Consejo eventualmente le permitirá llegar a semejante tergiversada pseudoposición de dignidad.
En este sentido, Arabia Saudita comparte el salón (al menos hasta el 31 de diciembre de 2015) del CDH con otros Estados polémicos por sus políticas en la materia que convoca. Allí, en el nombre de los derechos inalienables de las personas, desde Ginebra se le da la palabra a delegaciones de países con credenciales magras como China, Cuba, Kazajistán, Pakistán y Venezuela, entre otras más.
En una columna etiqueté a Arabia Saudita como “la caja de pandora del islam”, porque si uno quiere comprender el fenómeno del yihadismo y el auge de los movimientos fundamentalistas islámicos, habrá que detenerse necesariamente en las políticas sauditas durante las últimas décadas. Cabalmente, frente a una olla de presión doméstica a punto de estallar, para desviar las ansiedades y tensiones de una juventud atrapada, que tiene prohibido disfrutar de las artes o de las actividades de ocio, los regentes sauditas se han dedicado a financiar y a desarrollar la campaña yihadista alrededor del globo. En breve, muchos expertos aseveran que el yihadismo se volvió, sobre todo entre los jóvenes, la salida al mundo. Cuando la única educación disponible es religiosa y dogmática, y los placeres mundanos y artísticos están restringidos, la yihad representa una posibilidad de exteriorizar al ser en una empresa venturosa que se reconoce a sí misma como trascendental. Siendo este el caso, las atrocidades causadas por los llamados fundamentalistas islámicos en algún punto hacen eco de lo que sucede internamente en el reino.
En lo que va del año, de acuerdo con Amnistía Internacional, el Gobierno saudita ejecutó a 175 personas. En promedio, algún condenado sufrió la pena capital cada dos días. Los súbditos y residentes del reino pueden ser ejecutados por crímenes que cometieron antes de los 18 años, a razón de alegatos de adulterio, apostasía, e incluso brujería. Según la misma fuente, mientras 90 personas fueron ejecutadas durante 2014, al menos 102 personas ya han encontrado la misma suerte fatídica en los primeros seis meses del presente año. Es decir, de continuar la tendencia, en 2015 la Justicia del reino ejecutará a alrededor del doble de personas que el año pasado. Tragicómico, si no fuera realidad, una profesión buscada en el país es la de verdugo. Dado el boom de ejecuciones, conseguir el puesto no debería ser difícil, especialmente porque según lo reportado, para aplicar no es necesario ningún requisito especial.
No hay que ser un experto para percatarse que a raíz de la noticia mencionada, en términos de relaciones públicas, esto de Arabia Saudita tomando un rol protagónico en el CDH, de momento ha llevado a una parte de la lupa mediática a posarse sobre la errática monarquía. Aquí tal vez una buena noticia, siempre y cuando, desde luego, el segmento democrático de la comunidad internacional tome cartas en el asunto.
Gracias a este desarrollo, en este aspecto por lo menos hay más personas concientizadas sobre la situación de Ali Mohammed al-Nimr, un joven chiita de 21 años que fue arrestado en 2012, a sus 17 años, por participar en una manifestación antigubernamental prodemocracia. El régimen saudita pretendería hacer de Ali Mohamed “un ejemplo”, para desalentar a potenciales subversivos. Ergo, por si cortarle la cabeza en público fuera poco, de llevarse a cabo la sentencia, su cuerpo sería crucificado y dejado a la intemperie por tres días. También ha llegado a mi atención este año el caso de Raif Badawi, arrestado de igual forma en 2012, a sus 28 años, por protestar contra el régimen, pero por hacerlo en la red. Blogero, Badawi fue sentenciado a recibir 1000 latigazos y a pasar una década tras las rejas. La indecorosa Justicia saudita ya le administró 50 latigazos, mas gracias a la presión de Gobiernos extranjeros, se especula que su condena podría llegar a ser personada. Sin embargo hasta ahora las autoridades sauditas no se han expedido, dejando la resolución de su caso con una estela de ambivalencia.
Estos son tan solo dos casos de cientos, cada uno con un rostro y con historias particulares. Lamentablemente la mayoría de los condenados no contará con el beneficio de la relativa protección que la mediatización internacional de sus nombres podría llegar a conferir; y no obstante, mientras tanto, Arabia Saudita se jacta de estar liderando la comitiva de las Naciones Unidas que trata sobre los derechos humanos en el mundo.
En conclusión, en la ONU, cualquier monarca o dictador, provisto que tenga dinero (o petróleo) suficiente, puede comprarse una posición de liderazgo para así estipular y detallar qué son los derechos humanos y que no; y que países merecen ser condenados, y cuales – comenzando por el propio – no.