Publicado originalmente en POLÍTICAS Y PÚBLICAS el 17/01/15.
La política argentina nuevamente ha suscitado polémica en torno a la pobre transparencia en los manejos del poder ejecutivo. En esta oportunidad, siguiendo los dictámenes de todo Gobierno populista, la Casa Rosada ha atrofiado el papel del servicio diplomático para timonear la política exterior desde el sillón (presidencial) de Rivadavia. Desde luego que esto no es nuevo. Desde hace tiempo viene discutiéndose que el servicio exterior ha menguado considerablemente. Una razón que da cuenta de esta situación es la intervención de La Cámpora, una presencia que facilita el nepotismo, pero más importante aún, como si de una pantalla de humo se tratara, nubla la distinción entre los intereses nacionales del Estado, y aquellos de la mandataria. Héctor Timerman es justamente canciller porque actúa como una pieza instrumental para llevar al Palacio San Martin hacía esta segunda y desdichada dirección, vinculada con la estrategia personalista de Cristina. De conceder esto como cierto, el caso AMIA, al igual que otras cuestiones centrales en materia de exteriores, queda sujeto a las prerrogativas del despacho presidencial.
Cualquier analista político con un mínimo sentido de decencia coincidirá en que el Gobierno de Cristina Kirchner ha vendido la causa AMIA para obtener a cambio, o bien cierto posicionamiento geoestratégico para la Argentina, o por la tangente, algunas promesas por parte de Irán; cuya realización podrían fortalecer la imagen de Kirchner de cara a una posible segunda reelección – o por lo menos eso pensó la mandataria.
El primer interrogante que cualquiera debería preguntarse, en efecto la fuente primaria de especulación, es porqué el Gobierno arriesgaría tanto capital con un memorando con Irán. Ejecutado hace poco menos de un año y ratificado por el Congreso con el 51.2 % de los votos, el acuerdo entre Buenos Aires y Teherán estipula una cínica “solución” bilateral para dar con la verdad y la justicia. Mas, ¿por qué incursionaría Cristina con una iniciativa tan impopular entre la mayoría de los familiares de las víctimas y la comunidad judía? Y en este aspecto, ¿por qué perseguiría un rumbo contrastadamente distinto al que siguió en 2003 su difunto esposo y expresidente?
Es difícil no encontrar sentido a los números. El comercio bilateral entre Argentina e Irán se ha disparado enormemente en los últimos años. Para nosotros, los argentinos, se trata de una relación sumamente ventajosa, que en 2013 representó el 15% del superávit comercial con el mundo. Si bien a primera vista las exportaciones han decaído desde un pico de 1,45 millones de dólares en 2010, a 800 millones en 2014, contrario a lo que sugiere un artículo de La Política Online, la caída no refleja una decisión política por parte de la Casa Rosada, sino que posiblemente refleje los vaivenes , crisis y retroacciones que han afectado en los últimos años al comercio internacional. El hecho es que no es posible minimizar que Irán se ha convertido en uno de los principales destinos para la exportación de grano.
A esta información debe sumarse un dato coyuntural difícilmente ignoto. La fórmula “petróleo por alimentos” tiene parangón en las relaciones con el principal aliado común entre ambos países en cuestión: Venezuela. Esta misma fórmula, sentenciada por el fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, como “impunidad por granos y carne”, denuncia que el Gobierno argentino pactó con Irán para satisfacer la agravante demanda energética del país. De acuerdo con Nisman, este acuerdo habría sido negociado mediante canales informales, los cuales el “memorando de entendimiento” habría maquillado, proveyendo – si se quiere – un punto de partida para justificar la mejoría en las relaciones. En teoría, de darse por valido el razonamiento, hacerle un bypass jurídico a la causa AMIA permitiría avanzar en asuntos de interés mutuo.
Acaso vista desde la realpolitik, es decir desde una óptica despojada de consideraciones o rectores morales, la causa AMIA es un estorbo para cementar un “eje de unidad”, y fomentar la cooperación entre las amistades internacionales que la presidenta escogió para todos los argentinos. Ella heredó las afinidades de su marido, pero hasta entonces, cuando él era presidente, las relaciones comerciales con Irán eran insignificantes. Un ejemplo alegórico que representa lo incomodo de la situación actual pudo observarse cuando Ahmad Vahidi, entonces ministro de Defensa iraní, visito Bolivia en mayo de 2011. Vahidi, que viajó con las pompas de una misión de Estado para participar de actos para promover la cooperación militar boliviana-iraní, tiene pendiente responder por la circular roja que la INTERPOL le imputó por su presunto rol en el atentado a la mutual judía en 1994. Bajo estas condiciones, la mera llegada de este funcionario a Latinoamérica, y especialmente a un país aliado, puso en ridículo a la Cancillería argentina, la cual no supo prever la misión. A no ser claro que por el contrario la Cancillería sí sabía, y directamente prefirió mirar al costado. Cuesta creer que semejante figura pudo pasar desapercibida por el radar de inteligencia correspondiente, pasando tan cerca de nuestras fronteras.
Irán, sometido a una cuantiosa presión internacional debido a su programa de enriquecimiento nuclear, debe enfrentarse a sanciones económicas gravadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las cuales están causando trastornos sobre su economía. En algún punto comparable con el predicamento actual de los rusos, aislados del concierto occidental, los iraníes han buscado abrir nuevos horizontes con países periféricos con inclinaciones “antihegemonicas” o “antiimperialistas” (antiestadounidenses). Irán ha firmado acuerdos bilaterales hace algunos años con varios Gobiernos de la región, y ha prometido colaborar en grandes proyectos de infraestructura, como un puerto de aguas profundas para Nicaragua, o una inversión de $1.1 millones de dólares para construir plantas de extracción y procesamiento de gas natural en Bolivia. Por lo pronto, dada la coyuntura, las promesas no parecen viables.
Irónicamente, en su afán ideológico por contrarrestar la influencia de Estados Unidos, los Estados latinoamericanos que se enfilan con Venezuela, que se vanaglorian por sus políticas socialistas de derechos humanos, acaban conjurándose con un régimen religioso y conservador que probó estandarizar todo lo contrario al “progresismo” de los primeros. El Gobierno argentino puede remitirse a esta experiencia, y veo factible que Cristina, en su estrepitoso ímpetu por dejar el país a flote, haya buscado superar esta “molesta barrera” que signa AMIA, la deuda de justicia, para obtener réditos fáciles provenientes de simpatizantes extranjeros.
Para ser claros, si existe un caso para justificar el memorando con Irán, este se trata lisa y llanamente de un cálculo estratégico: librado de todo imperativo moral, para mejorar la economía argentina y arreglar cuentas con los patrocinadores extranjeros del Gobierno. No por poco, para facilitar esta tarea, los canales paralelos denunciados por Nisman habrían sido dirigidos por personalidades virtualmente nada compenetradas con la obtención de justicia para las víctimas y los damnificados. Personajes como Luis D’Elia y Fernando Esteche no piensan a los argentinos muertos por el terrorismo como argentinos, pero como judíos que murieron por mano de su “verdadero” y conspirativo Gobierno en Israel. Pero incluso si uno insultara la memoria de aquellos que perecieron, esta suerte de lógica estratégica presenta varios problemas.
Como número uno, Irán no está en condiciones de cumplir con sus promesas siendo que difícilmente pueda comprometer millonarios recursos en el extranjero. Al menos no en tanto se enfrente a una delicada situación en casa, como consecuencia del efecto combinado de las sanciones económicas y la baja del petróleo. Luego, si la Cancillería argentina hubiera retenido su independencia, tal vez la presidenta hubiese sido asesorada por los expertos correspondientes, que le hubieran indicado que sus aventuras ponían en riesgo la reputación argentina a largo plazo entre las naciones occidentales. En tal caso, ese mismo personal hubiera reportado la inviabilidad del memorando. No porque al momento de firmarse el acuerdo Irán estaba por cambiar de liderazgo, sino porque sin importar su presidente, además de ser un Estado teocrático (o mejor dicho gracias a ello), Irán ha patrocinado abiertamente a grupos transnacionales como parte de su política exterior. El prospecto de investigar con verídica colaboración iraní implicaría necesariamente que los funcionarios chiítas se abrieran a “entregar” ya no solo a sus apoderados entre las filas de Hezbollah, sino a parte de la cúpula más influyente del país. Ahmad Vahidi es tal vez al respecto el caso más notorio.
Esto nos deja con otra opción. Basándonos en los antecedentes en la relación entre Argentina y Venezuela, recordando la controversia en torno a la “embajada paralela” en Caracas o la “valija” de Antonini Wilson con fondos para la campaña presidencial, es justificable sospechar que, siguiendo la tendencia del populismo demagógico, el Gobierno argentino haya vendido la causa AMIA a cambio de fondos y réditos; que si llegaran a hacer un impacto, solo se verán en el corto plazo. Si así fuera, de no levantar la voz, la sociedad argentina se habrá traicionado a sí misma, obstaculizando con su silencio la causa por la memoria, la verdad y la justicia – en última instancia dando carta blanca a los sombríos designios personalistas de la presidenta y sus allegados. En vez que hostigar tanto contra la justicia, es hora de que el Gobierno parta por esclarecer lo sucedido.
Quizás ahora cobren más sentido los dichos de Cristina, cuando en septiembre de 2014 dijera: “si me pasa algo, que nadie mire a Oriente, que miren hacia el norte”. Llegado el caso que se pruebe que bajo su consentimiento Argentina pactó olvidar AMIA con Irán, no será de extrañar que ipso facto también se propició seguridad contra el islam radical