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El 6 de enero partidarios revoltosos de Donald Trump protagonizaron la inédita y sorprendente toma al Capitolio estadounidense. En vista de muchos, este ataque a las instituciones democráticas fue agravado por el mismo presidente saliente, particularmente cuando twitteó, el 8 de enero, que los 75 millones de ciudadanos que lo votaron son “grandes patriotas norteamericanos”. Si bien Trump ya había publicado un video condenando el asalto en Washington, en su tweet cometió el garrafal error de escribir lo siguiente en referencia a todos sus votantes: “¡¡¡¡No serán irrespetados ni tratados injustamente de ninguna manera!!!”
Ese mismo día, Twitter tomó cartas en el asunto y dio de baja permanentemente la cuenta @realDonaldTrump, el perfil principal utilizado por el presidente. La red social alegó que la censura quedaba justificada en el “riesgo de mayor incitación a la violencia”. Prontamente Facebook anunció que Trump quedaba suspendido hasta nuevo aviso, por lo menos hasta la inauguración de Joe Biden el 20 de enero. Pero la cosa no quedo allí en el establecimiento del Big Tech. Todas las redes sociales anunciaron que tomarían mayores medidas para retirar contenido vinculado con actos violentos.
Dejando de lado los incidentes en el Congreso, la “cancelación” online de un presidente en funciones seguramente venga a marcar un antes y un después en la relación entre Gobiernos y el llamado quinto poder, compuesto por las empresas dominantes en la industria de la tecnología de la información. El quid de la cuestión estriba en preguntarse hasta qué punto debe interceder el sector privado para regular la libertad de expresión. ¿Están las redes sociales capacitadas para decidir qué constituye un discurso lícito y qué representa incitación al odio? Continuar leyendo «El Quinto Poder»
