Artículo Original. Publicado también en INFOBAE y en POLÍTICAS Y PÚBLICAS el 16/03/2018.
Todo analista centrado coincide en que la situación en Venezuela es cada vez más crítica, no solo desde el punto de vista humanitario, pero también así en lo concerniente a la seguridad de sus países vecinos. Venezuela se ha convertido en una dictadura de partido único en todo sentido de la expresión, y su Gobierno consistentemente demuestra su afinidad con una ideología totalitaria, en claro desprecio del Estado de derecho propio de una democracia deliberativa. Aunque el Partido Socialista (PSUV) resguarda ciertas sutilezas cívicas para aparentar ser republicano, es patente que elecciones fraudulentas no hacen de Nicolás Maduro un líder legítimo.
Sin transparencia institucional, y sin control legislativo o judicial por parte de poderes independientes, no existe ninguna garantía de que la situación vaya a mejorar. Incluso dejando de lado la cuestión de la legitimidad, lo cierto es que los narco-comunistas en el poder han demostrado ser redundantemente ineptos para conducir un país y garantizar la mínima seguridad alimentaria de la población. No obstante, desde una óptica internacional como pragmática, el único argumento de peso en favor de echar a Maduro y compañía por las armas tiene que ver con el enorme potencial desestabilizador que el fracasado “socialismo del siglo XXI” tiene para ofrecer a Sudamérica.
Para empezar, la crisis humanitaria en la panacea bolivariana ha convertido a Venezuela en un país que exporta migrantes. Existe un éxodo masivo de venezolanos hacia Colombia y Brasil por los pasos fronterizos. Se estima que hay entre 700 mil y un millón de venezolanos en Colombia, y alrededor de medio millón en Brasil. En su mayor parte jóvenes, los refugiados también llegaron a otros países de la región en busca de sustento y del futuro que les robaron. Ecuador, un país de tránsito, el año pasado registró un saldo migratorio de 70 mil personas. Solamente en 2017 Chile registró el ingreso de 150 mil venezolanos. Luego, Perú indica que hay más de 100 mil ciudadanos venezolanos en el país; y Argentina 30 mil.
Según calcula el sociólogo Tomás Páez, ya son más de dos millones los venezolanos que han escapado al exilio. Pero “el ritmo de crecimiento de la emigración es tan rápido que es casi imposible mantener los datos actualizados”; y en efecto –como señala Páez– “no hay lugar donde no escuches el acento venezolano”. Teniendo en cuenta que Venezuela finalizó 2017 con una hiperinflación de 2.216%, una caída de casi el 15% del PBI, y la mayor desnutrición crónica del contienente, todo parece indicar que esta tendencia migratoria solo se acentuará. Esta realidad pone a prueba la capacidad de respuesta y absorción de los países receptores de emigrantes, sobre todo sudamericanos. En este sentido, es evidente que dicho aluvión humano representa una amenaza a la estabilidad y el bienestar de la región.
Otro problema de envergadura son los nexos entre la cúpula gobernante en Caracas y el narcotráfico. Dejando de lado la sistemática corrupción del régimen, las conexiones de sus jerarcas con el Hezbollah libanés sitúan al Estado venezolano como socio en una red internacional de narcotráfico y blanqueo de capitales. Según agentes de inteligencia estadounidenses, los vínculos entre personajes como Diosdado Cabello y Tareck El Aissami con actores engatusados con Irán convierten a Venezuela en una plataforma que ofrece protección y asistencia logística a los operativos que trabajan a lo largo y ancho de América Latina. Sin ir más lejos, los analistas coinciden en que el crimen organizado tiene el control del país y de sus ricos yacimientos minerales y energéticos.
En consecuencia, en tanto las mismas estructuras de poder sigan en pie, no habrá grandes posibilidades de avanzar en materia de derrotar al terrorismo y al crimen transnacional en la región. Esto afecta especialmente a Colombia y a Brasil. La relación entre el chavismo y el Ejército Nacional de Liberación (ELN) complica la pacificación del conflicto en Colombia. Luego, la desestabilidad en Venezuela permite el tráfico de armas y drogas por la zona del Amazonas, obstruyendo el prospecto de derrotar al crimen organizado que tanto daña causa en Brasil.
La pregunta entonces es cómo propiciar exitosamente un cambio de régimen. Algunos supusieron, acaso ilusoriamente, que las protestas masivas de la primera mitad de 2017 traerían el cambio. El problema es que sin importar qué tan grandes estas sean, la estabilidad del régimen solo estará en juego si sus propios participantes comienzan a dudar seriamente sobre sus posibilidades de permanecer en el poder. Solo cuando esta confianza se rompa las grietas serán lo suficientemente grandes como para que un selecto grupo de oficiales de alto mando se animen a organizar un golpe de Estado. El quid de la cuestión radica en causar dichas fisuras, y para ello deben darse distintas cosas en simultáneo.
Desde la instancia diplomática, los distintos Gobiernos latinoamericanos deben dejar de lado la ambigüedad cobarde del correctismo político. Frente al resquemor que suscita la mera mención de una intervención armada en el continente, ningún presidente está dispuesto a despertar fantasmas que remiten a las dictaduras militares del siglo pasado. Aunque los doce países del llamado grupo Lima son claros en su oposición al narco-comunismo, no les hacen ningún servicio a los venezolanos oponiéndose al mensaje de que “todas las opciones están sobre la mesa”. Cuando el presidente o el secretario de Estado estadounidense se expresan de este modo, lo mejor que podrían hacer los líderes latinoamericanos es secundar la moción.
Para ser claros, la intervención armada es una instancia que no necesariamente tiene que llegar a ocurrir. Más bien, el objetivo es crear tal impresión a modo de asustar e impresionar a la cúpula chavista, dando pie a las citadas gritas que desbaratarán la lealtad existente entre los elementos castrenses y el poder político. El Golpe de Estado solo se producirá cuando uniformados de alto rango vean que guardarle fidelidad al Gobierno pone en jaque su existencia física o así también la integridad de su patrimonio acumulado con los años.
En miras de alcanzar este escenario, si se es realista, la oposición venezolana tiene que estar dispuesta a ensuciarse las manos y negociar acuerdos de inmunidad para los “libertadores” que expulsen al régimen, y a su debido tiempo organicen elecciones. El apoyo que Estados Unidos u otros países puedan garantizar no será condición suficiente si no existe un acuerdo tácito entre el liderazgo opositor y los ejecutores del golpe.
Por otro lado, contrario a lo que algunos sugieren, creo que no es necesario que Estados Unidos deje de comprarle petróleo a Venezuela. Las exportaciones de crudo a Norteamérica continúan y sin embargo la economía y la situación humanitaria está cada vez peor. Si bien cortarle al régimen el único suministro de dinero que le queda ciertamente tendría un impacto a la hora de pagarle el sueldo a los uniformados (acelerando así el conflicto interno), a los efectos prácticos esta estrategia alargaría el sufrimiento de la población. Es decir, pese a que la jugada podría funcionar, no existen garantías inmediatas. A mi entender, sería mucho más eficiente amenazar la propia vida de los cabecillas de la dictadura.
Ernesto Ackerman, presidente de la agrupación Ciudadanos Independientes Venezolanos y Estadounidenses (IVAC en inglés), opina que “no son más de veinte o treinta cabecillas que hay que remover de sus cargos” con una intervención de tipo quirúrgico. En contraste, yo opino que este accionar es un último recurso. A los efectos prácticos, Estados Unidos podría intimidar a los autócratas enviando cazas de combate a que sobrevuelen (a todo estruendo) sus propias viviendas sin necesidad de apretar ningún gatillo. Esta táctica es tradicionalmente empleada por Israel a modo de dejarle en claro a los jefes sirios que cualquier acción militar por su parte en contra del Estado hebreo podría costarles sus vidas.
Por supuesto, cabe preguntarse hasta qué punto los pilotos de la Aviación Militar Bolivariana son serviciales a Maduro, y hasta qué punto, dado el deterioro del país y la escasez de repuestos, sus cazas F-16 (estadounidenses) y Su-30 (rusos) están en operatividad bélica. No por poco el Gobierno venezolano está sumamente preocupado por la alta deserción entre uniformados en los cuerpos de seguridad. Probablemente exista un nicho de altos oficiales dispuestos a facilitar información muy valiosa sobre el estado de las Fuerzas Armadas venezolanas a cambio de dinero y asilo. A nivel anecdótico, es interesante recordar también que Oscar Pérez, el famoso policía rebelde que murió abatido en enero pasado, logró sobrevolar Caracas evadiendo sin inconveniente a la Fuerza Aérea, la cuarta más poderosa de América Latina. Es decir, cabe la posibilidad de que los engranajes del aparato defensivo “bolivariano” no estén aceitados, y que violar el espacio aéreo venezolano sea una tarea relativamente fácil.
En términos abarcadores, esta propuesta, si es estudiada adecuadamente, podría ser una solución a los crecientes riesgos en materia de seguridad colectiva que representa la permanencia del chavismo en el poder. Para que funcione es necesario que varias cosas se den en simultáneo, empezando con que los países latinoamericanos no boicoteen abiertamente una intervención militar. El aval o participación de estos países en dichos planes sería muy conveniente, pues daría amplia legitimidad a estas amenazas, sobre todo si se involucran Colombia y Brasil. En todo caso, intimidar al régimen amenazando con usar la fuerza seguramente romperá la confianza de los uniformados en la capacidad del Gobierno para mantenerse a flote.
En tanto los mandos importantes teman por su seguridad física y por la integridad de sus bienes, estarán dispuestos a llegar a un acuerdo con la oposición, la cual tiene que mostrar la entereza suficiente para sacrificar ideales a los efectos de expulsar a Maduro del poder.